Tras nueve años de violar abiertamente la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco con la complacencia de los alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano, el dirigente del Sindicato Municipal de Puerto Vallarta se prepara para ampliar su período por cinco años más mañana jueves.
Gilberto Lorenzo Rodríguez asumió la dirigencia temporal del sindicato de burócratas de Puerto Vallarta en el año 2005 cuando el entonces líder sindical Manuel Galindo Nolasco solicitó un permiso para desempeñarse como Tesorero Municipal en la segunda parte del trienio de Gustavo González Villaseñor.

Pese a ser considerado por Galindo como su hombre de mayor confianza, Gilberto Lorenzo se negó a regresarle la dirigencia al término del desempeño como tesorero municipal, para lo cual operó una serie de traiciones que le permitieron afianzarse en el sindicato de manera prácticamente indefinida.
Aunque la Ley de Servidores Públicos de Jalisco es muy clara en cuanto a que cuando un sindicalizado desempeñe un cargo de elección municipal quedarán suspendidos todos sus derechos y obligaciones sindicales, Gilberto Lorenzo pasó por encima de la ley con el respaldo del entonces alcalde Arturo Dávalos, quien lo sumó a su planilla en calidad de regidor titular.
Durante el primer mandato de Arturo Dávalos el entonces regidor Gilberto Lorenzo no sólo violó la ley al desempeñarse al mismo tiempo como dirigente sindical, sino que de manera ilegal recibió millonarios recursos de parte del municipio por diversos rubros.
Al término de su gestión como regidor Gilberto Lorenzo se jubiló ante la Dirección de Pensiones del Estado con un sueldo neto mensual de 88 mil pesos mensuales, al tiempo que el entonces presidente municipal Arturo Dávalos le otorgó una plaza de base como Chofer A con un salario mensual de 59 mil pesos mensuales, lo cual le permitió seguir desempeñándose como dirigente sindical pese a que la jubilación ante Pensiones del Estado representa la terminación de la relación laboral con el ayuntamiento.
Con la complicidad de los sucesivos presidentes municipal Gilberto Lorenzo Rodríguez ha logrado mantenerse como dirigente sindical a pesar de violar reiteradamente la ley respectiva, para lo cual ha tejido una red de complicidades tanto al interior del ayuntamiento como en las altas esferas del gobierno estatal, lo cual lo anima a prolongar por cinco años más su actual mandato.
Aunque su actual período, a todas luces ilegal porque ya está pensionado, termina el 28 de abril del 2022, Gilberto Lorenzo Rodríguez tiene todo preparado para mañana jueves a partir de las 5 de la tarde «ratificar y ampliar la mesa directiva» por cinco años más.

Sin necesidad de convocar a elecciones como lo marca la ley, Gilberto Lorenzo ha simulado elecciones que le han permitido mantenerse al frente del sindicato por más de 15 años y pretende afianzarse otros cinco años más antes de que el nuevo gobierno encabezado por el profesor Luis Alberto Michel lo obliguen a abandonar el cargo en estricto cumplimiento de la ley.
Durante estos 17 años en los que se ha desempeñado como dirigente sindical del ayuntamiento vallartense Gilberto Lorenzo lo mismo se desempeñó como regidor en Puerto Vallarta que como funcionario del ayuntamiento de Cabo Corrientes sin que nadie lo haya obligado a respetar la ley, acostumbrado a sembrar el terror en el ayuntamiento con la complicidad del presidente municipal en turno.
Durante este largo tiempo también ha incurrido en el delito de desvío de recursos públicos al recibir en su cuenta personal millonarias transferencias por parte del municipio por concepto de cuotas sindicales y otro tipo de «conquistas laborales».
En los últimos años Gilberto Lorenzo empezó a utilizar como prestanombres a su asistente Lucía Curiel Peña, quien es su brazo derecho en el manejo del sindicato y recibe un sueldo de 27 mil 500 pesos mensuales de parte del ayuntamiento, aunque la ley es muy clara en cuanto a que el salario de los empleados del sindicato deben ser costeados por la propia organización.

Tan solo durante el mes de marzo de este año Lucía Curiel Peña recibió de parte de la Tesorería Municipal más de 850 mil pesos por diversos conceptos como «descuento de ahorros y descuento de préstamo de caja de ahorro a empleados en nómina general» y «descuento a empleados sindicalizados para apoyo de gastos funerales».
Pese a que el Sindicado de Empleados Municipales de Puerto Vallarta tiene su propia cuenta bancaria en la que el ayuntamiento deposita diversas cantidades por los mismos conceptos, de manera ilegal tanto Gilberto Lorenzo como Lucía Curiel reciben dinero público de parte del ayuntamiento de manera personal, lo cual representa el delito de desvío de recursos públicos.

Lucía Curiel Peña ingresó al ayuntamiento el 1 de noviembre del 2012 como asistente del regidor Humberto Gómez Arévalo y tras la desaparición del polémico regidor su unió al equipo de Gilberto Lorenzo consolidándose como su mano derecha en el manejo del sindicato y convirtiéndose en su prestanombres para el cobro y uso discrecional de los recursos propiedad del sindicato.
La incógnita radica en si el nuevo alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez también se convertirá en cómplice de Gilberto Lorenzo y apoyará el modo de operar de Gilberto Lorenzo sin importar que esté completamente fuera de la ley.
